jueves, 22 de junio de 2017

Yo opino:

Por más diálogo entre la empresa y el pueblo

Rolando Húbner Marcos Picón

Una vez más fracaso la reunión entre Huallanca y la Compañía Minera Santa Luisa; la empresa no reconoce los quinientos mil dólares anuales y el pueblo exige que se cumpla el  Convenio Marco firmado el 2007 con la Municipalidad de Huallanca. Mientras tanto, el pueblo anuncia un paro local; la empresa, por su parte, anuncia denunciar cualquier medida de fuerza que la población decida tomar. Aunque son situaciones distintas, ambas generan conflictos, y ese no es el papel de las autoridades ni de nuestros socios estratégicos.

El pueblo no puede prohibir el desarrollo de la actividad minera, ni  ninguna actividad productiva; ni la empresa puede acudir a los jueces para solucionar estos problemas. En todo caso quién tiene que intervenir para solucionar estos problemas como árbitro es el Ministerio de Energía y Minas. Se equivocan los dos si quieren resolver problemas que no son jurídicos, con denuncias o paralizaciones; estos problemas son  políticos, parece que se está improvisando decisiones que exigen primero una cuidadosa reflexión, porque quiéranlo o no vamos a convivir juntos por mucho tiempo más.
Si como pueblo no podemos impedir el desarrollo de la actividad minera, de la misma manera ningún juez puede evitar que se consulte a la opinión de un pueblo sobre proyectos que incidan sobre la vida local, si se va impactar en el desarrollo de las comunidades, si las empresas no cumplen con su responsabilidad social.

El Convenio Marco firmado entre la Municipalidad y la Empresa,  permite y autoriza la participación de la gente en la toma de las decisiones que la afecten, lo dice en el convenio y en la creación de los siete ejes de desarrollo, que es el resultado de la consulta popular y su cumplimiento es obligatorio para ambas partes.
Lo que debe hacer la empresa y nuestras autoridades, preocupado por resolver tensiones en lugar de crearlas, es modificar su estrategia de diálogo sin amenazas de ambas partes y garantizar la gobernanza territorial, el desarrollo del pueblo y sus comunidades. No es con demandas sino con diálogo como se mantiene o se restablece la confianza de las relaciones entre las empresas mineras y el pueblo.

El problema es la ausencia de espacios y fórmulas para la concertación, la falta de diálogo no nos permite concertar. Sin ellos la solución queda en manos del más fuerte y eso, naturalmente, genera conflictos, fractura las relaciones, limita y posterga el desarrollo del pueblo. Por lo mismo, es preciso buscar la concertación si no se quiere empujar a las comunidades hacia la protesta o hacia la marginalidad. Las consultas populares, los cabildos abiertos, los paros o huelgas no son un problema sino una respuesta para manifestar, de manera legal y pacífica, la voluntad ciudadana.

En síntesis, el  pueblo  no puede  prohibir el  desarrollo de  la actividad  minera, pero  exigimos respeto, queremos  al  socio  estratégico que llega a ayudarnos a encaminarnos   al   sitial  que  como   pueblo  nos   merecemos; no  queremos inquilinos que han venido a destruir nuestras tierras y luego marcharse. Pero tampoco  se puede  prohibir  las consultas populares. Por eso este debate no se resuelve  con  demandas, sino  con  diálogos f rancos  y   sinceros   sin  el  doble lenguaje: de concertadores en la mesa, pero incendiarios o conflictivos fuera de ella. 
Necesitamos concertar, ponernos de acuerdo el desarrollo del pueblo, sin dialogo lamentablemente se avecina días de mucho conflicto.